LOS 69 VOTOS QUE LLEVARON A HERNÁN RIVAS AL JEM Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA QUE REAPARECE TRAS SU CONDENA
La condena a ocho años de prisión de Hernán Rivas por hechos relacionados con el uso de un título falso de abogado reabrió el debate sobre la responsabilidad política de quienes respaldaron su llegada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En 2020 obtuvo 43 votos en Diputados y, en 2023, otros 26 senadores apoyaron su designación. Ahora, algunos parlamentarios aseguran haber sido engañados, mientras otros reconocen que el Congreso debe asumir su responsabilidad y revisar los mecanismos utilizados para verificar los requisitos de sus representantes.
a condena a ocho años de prisión de Hernán Rivas volvió a colocar en el centro del debate a los diputados y senadores que, en dos periodos parlamentarios, respaldaron su llegada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismo encargado de juzgar la actuación de jueces y fiscales.
Según los registros recopilados por ABC Color, Rivas llegó por primera vez al JEM el 3 de junio de 2020 con el respaldo de 43 diputados: 28 colorados y 15 liberales. La votación terminó con 43 votos a favor, 24 en contra, tres abstenciones y 10 ausencias. Rivas sustituyó entonces al diputado Ramón Romero Roa, quien cuestionó el procedimiento utilizado para apartarlo del organismo.
Tres años después, el 6 de julio de 2023, ya como senador, Rivas volvió a recibir respaldo político para integrar el JEM. Esta vez fueron 26 senadores quienes acompañaron su designación: 21 pertenecientes a la ANR y cinco al PLRA. Hubo ocho votos en contra, siete abstenciones y tres ausencias. ABC
La cuestión adquiere mayor relevancia porque para entonces ya existían cuestionamientos públicos sobre la condición de abogado de Rivas. Pese a ello, el Senado volvió a considerarlo apto para representar a la Cámara Alta ante el organismo. Posteriormente, Rivas llegó incluso a presidir el JEM. ABC
El escenario cambió con la sentencia judicial. El Tribunal de Sentencia concluyó que Rivas no cursó la carrera de Derecho y lo condenó a ocho años de prisión por hechos relacionados con la utilización de documentación que acreditaba una condición profesional que, según la Justicia, no poseía. La sentencia es de primera instancia y puede ser recurrida.
Tras conocerse el fallo, comenzaron también las explicaciones políticas.
El senador Gustavo Leite sostuvo que Rivas mintió y afirmó que prácticamente todos cayeron en el engaño. Lizarella Valiente manifestó que se considera víctima de una estafa y rechazó asumir responsabilidad personal por haber creído que Rivas era abogado.
Una posición diferente expresó Natalicio Chase. El líder de la bancada de Honor Colorado rechazó utilizar la palabra “estafado” como forma de deslindar responsabilidades y reconoció que el Senado debe asumir su parte y modificar sus mecanismos internos de verificación. Silvio “Beto” Ovelar, por su parte, manifestó que corresponde pedir disculpas.
Basilio “Bachi” Núñez había defendido públicamente a Rivas antes de conocerse la condena y había señalado que no se arrepentía de haberlo acompañado.
Desde sectores de la oposición, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes cuestionaron la explicación de que los parlamentarios simplemente fueron engañados.
Martínez sostuvo que Rivas habría sido funcional al cartismo; Filizzola reclamó que quienes lo votaron asuman responsabilidad política, mientras Paredes planteó que debe investigarse si existieron otras personas involucradas en la producción y utilización de documentación falsa. Son posiciones políticas de estos legisladores y no conclusiones judiciales.
Según los registros recopilados por ABC Color, Rivas llegó por primera vez al JEM el 3 de junio de 2020 con el respaldo de 43 diputados: 28 colorados y 15 liberales. La votación terminó con 43 votos a favor, 24 en contra, tres abstenciones y 10 ausencias. Rivas sustituyó entonces al diputado Ramón Romero Roa, quien cuestionó el procedimiento utilizado para apartarlo del organismo.
Tres años después, el 6 de julio de 2023, ya como senador, Rivas volvió a recibir respaldo político para integrar el JEM. Esta vez fueron 26 senadores quienes acompañaron su designación: 21 pertenecientes a la ANR y cinco al PLRA. Hubo ocho votos en contra, siete abstenciones y tres ausencias. ABC
La cuestión adquiere mayor relevancia porque para entonces ya existían cuestionamientos públicos sobre la condición de abogado de Rivas. Pese a ello, el Senado volvió a considerarlo apto para representar a la Cámara Alta ante el organismo. Posteriormente, Rivas llegó incluso a presidir el JEM. ABC
El escenario cambió con la sentencia judicial. El Tribunal de Sentencia concluyó que Rivas no cursó la carrera de Derecho y lo condenó a ocho años de prisión por hechos relacionados con la utilización de documentación que acreditaba una condición profesional que, según la Justicia, no poseía. La sentencia es de primera instancia y puede ser recurrida.
Tras conocerse el fallo, comenzaron también las explicaciones políticas.
El senador Gustavo Leite sostuvo que Rivas mintió y afirmó que prácticamente todos cayeron en el engaño. Lizarella Valiente manifestó que se considera víctima de una estafa y rechazó asumir responsabilidad personal por haber creído que Rivas era abogado.
Una posición diferente expresó Natalicio Chase. El líder de la bancada de Honor Colorado rechazó utilizar la palabra “estafado” como forma de deslindar responsabilidades y reconoció que el Senado debe asumir su parte y modificar sus mecanismos internos de verificación. Silvio “Beto” Ovelar, por su parte, manifestó que corresponde pedir disculpas.
Basilio “Bachi” Núñez había defendido públicamente a Rivas antes de conocerse la condena y había señalado que no se arrepentía de haberlo acompañado.
Desde sectores de la oposición, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola y Yolanda Paredes cuestionaron la explicación de que los parlamentarios simplemente fueron engañados.
Martínez sostuvo que Rivas habría sido funcional al cartismo; Filizzola reclamó que quienes lo votaron asuman responsabilidad política, mientras Paredes planteó que debe investigarse si existieron otras personas involucradas en la producción y utilización de documentación falsa. Son posiciones políticas de estos legisladores y no conclusiones judiciales.
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