EL NEGOCIO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR
OPACI: El lucrativo esquema privado alimentado por el bolsillo de los contribuyentes El debate sobre la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) vuelve a instalarse en el Congreso Nacional con un proyecto que busca eliminar el cobro obligatorio por las licencias de conducir. La discusión reabre interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados, los mecanismos de control y la transparencia en el manejo de fondos provenientes de millones de contribuyentes.
Radiografía de una recaudación bajo la lupa
ASUNCIÓN. En el centro de las decisiones legislativas del país, el debate sobre el destino y la fiscalización del dinero público ha vuelto a poner bajo la lupa a una estructura que lleva décadas operando en las sombras del aparato estatal: la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
En las próximas sesiones, la Cámara de Diputados se dispone a discutir un proyecto de ley promovido por bancadas de la oposición que busca asestar un golpe definitivo al esquema financiero de esta entidad: retirarle la facultad legal de cobrar por la expedición y renovación de las licencias de conducir.
Para comprender la magnitud de la discusión, es preciso repasar las cifras y el funcionamiento de este engranaje:
Desde la década de 1960, cada ciudadano que acude a su municipalidad a tramitar o renovar su registro de conducir debe abonar un canon de 10.000 guaraníes dirigido a la OPACI.
Tan solo en el quinquenio comprendido entre 2021 y 2025, la entidad captó 138.385 millones de guaraníes únicamente por este concepto.
De este total, la OPACI retiene para sí el 70% de los ingresos, derivando tan solo un 20% a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y un 10% a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Pese a recibir tributos con alcance nacional, la organización aglutina a 215 de los 263 municipios de la República, operando como un ente privado sobre una jurisdicción territorial parcial.
La gran anomalía institucional del Paraguay
Caminar por los pasillos de este Congreso y escuchar los discursos sobre la "transparencia" y el "control de las ONG" resulta un ejercicio inevitable de escepticismo cuando se contrasta con la realidad de la OPACI.
Estamos ante una de las mayores anomalías jurídicas e institucionales de la gestión municipal paraguaya: un ente privado que cobra tributos como si fuera parte del Estado, pero que cuando debe rendir cuentas se ampara en las normas del Derecho Privado. Para cobrar el dinero actúa como una entidad pública, pero cuando se le exige transparencia invoca el "derecho a la intimidad".
Cuando la Cámara Baja intentó indagar sobre los salarios y las gratificaciones de sus autoridades, la respuesta de la OPACI fue invocar el "derecho a la intimidad" y la "inviolabilidad del patrimonio documental", consagrados en la Constitución. Es decir, se obliga a los bolsillos del ciudadano común a sostener la caja, pero se le impide conocer qué se hace con esos recursos.
Las grietas de la impunidad y el historial de desvíos
La poca luz que ha logrado colarse por las rendijas de esta caja negra revela un panorama que continúa siendo objeto de cuestionamientos públicos. La única auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) logró realizar —correspondiente al ejercicio fiscal 2015, bajo la presidencia de Ricardo Núñez— tardó siete años en hacerse pública. Entre los hallazgos señalados se encuentran:
Viáticos y pasajes liquidados sin reglamentación.
Pagos de recargas telefónicas para terceros.
Donaciones y becas otorgadas sin respaldo ni rendición.
Una deuda de 18.172 millones de guaraníes retenidos indebidamente a las propias municipalidades que decía representar.
A esto se suma la denuncia presentada por la ANTSV en 2019 sobre aproximadamente 10.000 millones de guaraníes que, según la institución, no ingresaron a sus arcas.
El coto de caza y la prueba de fuego en el Congreso
La cúpula directiva de la OPACI, hoy encabezada por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR - Cartista), no constituye un elemento aislado. Responde a una estructura de poder con vínculos históricos dentro del oficialismo, incluyendo sectores políticos relacionados con el actual presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, cuyo hermano presidió anteriormente la entidad.
"No se puede ser un fiscal severo para controlar a las ONG críticas del Gobierno y, al mismo tiempo, ser el escudo protector de la ONG más lucrativa y opaca del país."
El tratamiento de este proyecto de ley pondrá a prueba el compromiso de la mayoría parlamentaria con la transparencia fiscal. Retirarle a la OPACI la facultad de recaudar estos recursos no representa únicamente una modificación administrativa, sino una decisión con impacto sobre el sistema de financiamiento que durante décadas ha acompañado la expedición de licencias de conducir en gran parte de los municipios del país.
El debate está instalado en el Congreso Nacional y la decisión final dependerá de los votos que emita el pleno de la Cámara de Diputados.
ASUNCIÓN. En el centro de las decisiones legislativas del país, el debate sobre el destino y la fiscalización del dinero público ha vuelto a poner bajo la lupa a una estructura que lleva décadas operando en las sombras del aparato estatal: la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
En las próximas sesiones, la Cámara de Diputados se dispone a discutir un proyecto de ley promovido por bancadas de la oposición que busca asestar un golpe definitivo al esquema financiero de esta entidad: retirarle la facultad legal de cobrar por la expedición y renovación de las licencias de conducir.
Para comprender la magnitud de la discusión, es preciso repasar las cifras y el funcionamiento de este engranaje:
Desde la década de 1960, cada ciudadano que acude a su municipalidad a tramitar o renovar su registro de conducir debe abonar un canon de 10.000 guaraníes dirigido a la OPACI.
Tan solo en el quinquenio comprendido entre 2021 y 2025, la entidad captó 138.385 millones de guaraníes únicamente por este concepto.
De este total, la OPACI retiene para sí el 70% de los ingresos, derivando tan solo un 20% a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) y un 10% a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Pese a recibir tributos con alcance nacional, la organización aglutina a 215 de los 263 municipios de la República, operando como un ente privado sobre una jurisdicción territorial parcial.
La gran anomalía institucional del Paraguay
Caminar por los pasillos de este Congreso y escuchar los discursos sobre la "transparencia" y el "control de las ONG" resulta un ejercicio inevitable de escepticismo cuando se contrasta con la realidad de la OPACI.
Estamos ante una de las mayores anomalías jurídicas e institucionales de la gestión municipal paraguaya: un ente privado que cobra tributos como si fuera parte del Estado, pero que cuando debe rendir cuentas se ampara en las normas del Derecho Privado. Para cobrar el dinero actúa como una entidad pública, pero cuando se le exige transparencia invoca el "derecho a la intimidad".
Cuando la Cámara Baja intentó indagar sobre los salarios y las gratificaciones de sus autoridades, la respuesta de la OPACI fue invocar el "derecho a la intimidad" y la "inviolabilidad del patrimonio documental", consagrados en la Constitución. Es decir, se obliga a los bolsillos del ciudadano común a sostener la caja, pero se le impide conocer qué se hace con esos recursos.
Las grietas de la impunidad y el historial de desvíos
La poca luz que ha logrado colarse por las rendijas de esta caja negra revela un panorama que continúa siendo objeto de cuestionamientos públicos. La única auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) logró realizar —correspondiente al ejercicio fiscal 2015, bajo la presidencia de Ricardo Núñez— tardó siete años en hacerse pública. Entre los hallazgos señalados se encuentran:
Viáticos y pasajes liquidados sin reglamentación.
Pagos de recargas telefónicas para terceros.
Donaciones y becas otorgadas sin respaldo ni rendición.
Una deuda de 18.172 millones de guaraníes retenidos indebidamente a las propias municipalidades que decía representar.
A esto se suma la denuncia presentada por la ANTSV en 2019 sobre aproximadamente 10.000 millones de guaraníes que, según la institución, no ingresaron a sus arcas.
El coto de caza y la prueba de fuego en el Congreso
La cúpula directiva de la OPACI, hoy encabezada por el intendente de Guarambaré, Óscar Cabrera (ANR - Cartista), no constituye un elemento aislado. Responde a una estructura de poder con vínculos históricos dentro del oficialismo, incluyendo sectores políticos relacionados con el actual presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, cuyo hermano presidió anteriormente la entidad.
"No se puede ser un fiscal severo para controlar a las ONG críticas del Gobierno y, al mismo tiempo, ser el escudo protector de la ONG más lucrativa y opaca del país."
El tratamiento de este proyecto de ley pondrá a prueba el compromiso de la mayoría parlamentaria con la transparencia fiscal. Retirarle a la OPACI la facultad de recaudar estos recursos no representa únicamente una modificación administrativa, sino una decisión con impacto sobre el sistema de financiamiento que durante décadas ha acompañado la expedición de licencias de conducir en gran parte de los municipios del país.
El debate está instalado en el Congreso Nacional y la decisión final dependerá de los votos que emita el pleno de la Cámara de Diputados.
Sé el primero en comentar.