LA OPOSICIÓN DEL DÍA DESPUÉS: VÍCTOR RÍOS MIRA AL 2028 DESDE LA CORTE
La oposición paraguaya todavía intenta ordenar las consecuencias de las elecciones municipales y el PLRA atraviesa una discusión sobre liderazgo, estructura y rumbo político. En ese escenario apareció una noticia que inevitablemente genera interrogantes: el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos habría decidido proyectarse como precandidato liberal a la Presidencia de la República para 2028.
Según la información difundida por Ñandutí y atribuida al periodista Clarí Arias, el propio Ríos habría confirmado su intención y autorizado que se hiciera público el anuncio. De confirmarse formalmente, el problema no sería solamente electoral. Existe antes una cuestión institucional mucho más delicada.
Ríos no es actualmente un dirigente partidario ejerciendo libremente actividad política. Es ministro de la máxima instancia del Poder Judicial.
La Constitución Nacional es particularmente clara. Su artículo 254 establece que los magistrados, mientras permanezcan en funciones, no pueden ejercer “actividad profesional o política alguna”, ni desempeñar cargos en partidos, asociaciones o movimientos políticos. El Código de Organización Judicial también establece restricciones a la participación política de los magistrados.
Por eso, más allá de simpatías o rechazos hacia una eventual candidatura, resulta cuestionable desde una perspectiva editorial la falta de prudencia institucional que significaría instalar una precandidatura presidencial mientras se ocupa un sillón de la Corte. Si Ríos decide efectivamente regresar a la arena partidaria, deberá aclararse jurídicamente cómo compatibilizaría esa pretensión con una prohibición constitucional expresa.
DE UN PODER A OTRO
La trayectoria de Víctor Ríos agrega otro elemento político. Antes de ingresar a la Corte fue senador y diputado, además de ministro de Educación. Desde noviembre de 2021 integra la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, ya tuvo participación en el Poder Legislativo y posteriormente llegó al Poder Judicial. Ahora su eventual aspiración presidencial lo proyectaría hacia la conducción del Poder Ejecutivo.
Legalmente, haber ocupado funciones en diferentes poderes del Estado no constituye por sí mismo un impedimento para una futura candidatura. El cuestionamiento pasa por otro lugar: la necesaria separación entre la función judicial que ejerce actualmente y cualquier proyecto político-partidario que pretenda construir.
¿PRESIDENCIA ANTES QUE RECONSTRUCCIÓN PARTIDARIA?
El segundo interrogante está dentro del propio Partido Liberal.
El PLRA sale de unas municipales en las que nuevamente quedó territorialmente muy por debajo de la ANR. Existen estructuras distritales debilitadas, liderazgos enfrentados y diferentes proyectos que ya miran hacia 2028.
En ese contexto, resulta llamativo que la discusión vuelva inmediatamente a concentrarse en quién quiere ser presidente y no en quién reconstruirá primero el partido.
Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿puede el liberalismo pensar seriamente en conquistar el Palacio de López sin reconstruir antes su estructura territorial?
El problema del PLRA no parece reducirse a encontrar un nombre presidencial. Necesita recuperar conducción, presencia municipal, organización departamental y capacidad para articular a las diferentes corrientes opositoras.
Ríos podría abandonar eventualmente la Corte y disputar legítimamente una interna. Eso deberá decidirlo él y posteriormente los electores. Pero hacerlo no resolvería automáticamente la crisis estructural liberal.
Porque antes de discutir quién pretende gobernar el país en 2028, el PLRA tendrá que responder una pregunta mucho más inmediata: quién está dispuesto a reconstruir el partido desde abajo.
Y mientras la oposición sigue multiplicando aspirantes presidenciales, esa tarea continúa esperando.
Ríos no es actualmente un dirigente partidario ejerciendo libremente actividad política. Es ministro de la máxima instancia del Poder Judicial.
La Constitución Nacional es particularmente clara. Su artículo 254 establece que los magistrados, mientras permanezcan en funciones, no pueden ejercer “actividad profesional o política alguna”, ni desempeñar cargos en partidos, asociaciones o movimientos políticos. El Código de Organización Judicial también establece restricciones a la participación política de los magistrados.
Por eso, más allá de simpatías o rechazos hacia una eventual candidatura, resulta cuestionable desde una perspectiva editorial la falta de prudencia institucional que significaría instalar una precandidatura presidencial mientras se ocupa un sillón de la Corte. Si Ríos decide efectivamente regresar a la arena partidaria, deberá aclararse jurídicamente cómo compatibilizaría esa pretensión con una prohibición constitucional expresa.
DE UN PODER A OTRO
La trayectoria de Víctor Ríos agrega otro elemento político. Antes de ingresar a la Corte fue senador y diputado, además de ministro de Educación. Desde noviembre de 2021 integra la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, ya tuvo participación en el Poder Legislativo y posteriormente llegó al Poder Judicial. Ahora su eventual aspiración presidencial lo proyectaría hacia la conducción del Poder Ejecutivo.
Legalmente, haber ocupado funciones en diferentes poderes del Estado no constituye por sí mismo un impedimento para una futura candidatura. El cuestionamiento pasa por otro lugar: la necesaria separación entre la función judicial que ejerce actualmente y cualquier proyecto político-partidario que pretenda construir.
¿PRESIDENCIA ANTES QUE RECONSTRUCCIÓN PARTIDARIA?
El segundo interrogante está dentro del propio Partido Liberal.
El PLRA sale de unas municipales en las que nuevamente quedó territorialmente muy por debajo de la ANR. Existen estructuras distritales debilitadas, liderazgos enfrentados y diferentes proyectos que ya miran hacia 2028.
En ese contexto, resulta llamativo que la discusión vuelva inmediatamente a concentrarse en quién quiere ser presidente y no en quién reconstruirá primero el partido.
Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿puede el liberalismo pensar seriamente en conquistar el Palacio de López sin reconstruir antes su estructura territorial?
El problema del PLRA no parece reducirse a encontrar un nombre presidencial. Necesita recuperar conducción, presencia municipal, organización departamental y capacidad para articular a las diferentes corrientes opositoras.
Ríos podría abandonar eventualmente la Corte y disputar legítimamente una interna. Eso deberá decidirlo él y posteriormente los electores. Pero hacerlo no resolvería automáticamente la crisis estructural liberal.
Porque antes de discutir quién pretende gobernar el país en 2028, el PLRA tendrá que responder una pregunta mucho más inmediata: quién está dispuesto a reconstruir el partido desde abajo.
Y mientras la oposición sigue multiplicando aspirantes presidenciales, esa tarea continúa esperando.
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