Del discurso a la credibilidad: cuando una crisis institucional ya no se explica con cambios de nombres

Del discurso a la credibilidad: cuando una crisis institucional ya no se explica con cambios de nombres

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coronel Oviedo atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Lo que comenzó con la denuncia pública de un agente de la Policía Municipal de Tránsito sobre un supuesto esquema de cobros irregulares, presuntos pedidos de dinero y otras prácticas que hoy son objeto de una investigación administrativa, terminó convirtiéndose en una crisis institucional que ya excede ampliamente a las personas involucradas.

En respuesta a esos hechos, el Ejecutivo Municipal anunció la apertura de sumarios administrativos, una auditoría interna, la separación preventiva de funcionarios investigados y la designación de un nuevo jefe operativo, en un acto encabezado por el intendente Denis Cohene. Durante esa presentación se ratificó públicamente una de las principales medidas del plan de reorganización: los controles de tránsito debían realizarse únicamente en los puntos previamente establecidos por la Municipalidad y cualquier procedimiento efectuado fuera de esos lugares sería considerado contrario a las directivas impartidas.

El mensaje fue claro y buscó transmitir orden, disciplina y una nueva etapa para una dependencia cuya credibilidad ya se encontraba seriamente afectada.

Sin embargo, pocas horas después volvió a instalarse una nueva controversia. La difusión de una filmación atribuida al recientemente nombrado jefe operativo generó la percepción de que habría incumplido las instrucciones impartidas por la propia administración. Con el transcurso de las horas se aclaró que las imágenes no correspondían a un procedimiento reciente y que la intervención consistió únicamente en orientar a un conductor que circulaba en contramano, sin la aplicación de una multa ni la realización de un control irregular.

La aclaración despeja cualquier conclusión equivocada respecto de ese episodio puntual. No obstante, deja expuesto un problema institucional que resulta incluso más preocupante.

El nivel de desconfianza que hoy rodea a la Dirección de Tránsito ha llegado a un punto en el que cualquier imagen, cualquier video y cualquier actuación de sus funcionarios se transforma inmediatamente en objeto de sospecha. Ese escenario no aparece por casualidad ni responde exclusivamente a la circulación de información en redes sociales. Es la consecuencia directa del desgaste que produjo una sucesión de denuncias, investigaciones, cambios de autoridades y controversias públicas que terminaron debilitando la confianza ciudadana en la institución.

Cuando una dependencia pública pierde credibilidad, ya no solamente generan impacto las irregularidades comprobadas. También lo hacen los hechos que finalmente terminan siendo aclarados. Esa es quizás la manifestación más evidente del deterioro institucional: la duda comienza a ocupar el lugar que antes ocupaba la confianza.

La situación demuestra que la crisis ya no puede medirse únicamente por el resultado de los sumarios administrativos. Hoy el desafío consiste en recuperar una autoridad institucional que se ha ido erosionando con cada episodio y con cada contradicción que se instala en el debate público.

Los cambios de funcionarios, por sí solos, difícilmente alcancen para revertir ese escenario. La confianza no se reconstruye únicamente mediante designaciones, comunicados o anuncios. Se recupera cuando la ciudadanía percibe que existe una conducción firme, coherente y capaz de ejercer un control efectivo sobre toda la estructura administrativa.

En los últimos días ya se había señalado que la verdadera discusión comenzaba a trasladarse desde las conductas individuales hacia la calidad del liderazgo institucional. Los acontecimientos posteriores no hicieron más que reforzar esa percepción.

No porque el episodio recientemente aclarado constituya una nueva irregularidad, sino porque evidenció hasta qué punto la Dirección de Tránsito perdió el beneficio de la duda ante la opinión pública. Una institución sólida genera confianza incluso en medio de una crisis. Una institución debilitada termina convirtiendo cada actuación en una nueva controversia.

Ese es probablemente el aspecto más delicado de toda esta situación. La administración municipal enfrenta hoy una tarea mucho más compleja que la investigación de las denuncias originales. Debe reconstruir la legitimidad de una dependencia que mantiene contacto permanente con miles de ciudadanos y cuya autoridad depende, en gran medida, de la confianza que inspira.

La transparencia, el fortalecimiento de los controles internos, la rigurosidad en la selección de sus mandos y una conducción capaz de hacer respetar la cadena jerárquica establecida por la Ley Orgánica Municipal serán elementos decisivos para iniciar ese proceso.

Porque cuando una institución llega al punto de que incluso los hechos posteriormente aclarados terminan alimentando nuevas polémicas, el verdadero problema deja de ser un episodio aislado. El verdadero problema es la pérdida de credibilidad.

Y recuperar la credibilidad siempre demanda mucho más que cambiar nombres: exige reconstruir, con hechos concretos y sostenidos en el tiempo, la confianza que la ciudadanía depositó en sus instituciones.