Cuando una cárcel colapsa, ni la cocina se salva y el problema nunca es de un solo día

Cuando una cárcel colapsa, ni la cocina se salva y el problema nunca es de un solo día

Hay intervenciones que sorprenden y otras que simplemente terminan confirmando lo que desde hace tiempo era imposible seguir ignorando.

La Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo no llegó a este punto de la noche a la mañana. El hallazgo de cientos de teléfonos celulares, armas blancas, celdas VIP, irregularidades graves hasta en la cocina, con menús diarios que rayan lo inhumano, como el que se sirvió el día antes de la intervención, y otros elementos prohibidos durante la reciente requisa, no es simplemente lo que parece y está lejos de representar un operativo exitoso; representa, sobre todo y como mínimo, el reconocimiento oficial de que los mecanismos de control habían dejado de cumplir su función.

La pregunta que hoy debe responder el Ministerio del ramo, y principalmente su ministro, no es solamente qué se encontró, sino cómo fue posible que se llegara a ese nivel de deterioro y corrupción institucional.

Una cárcel no acumula semejante cantidad de objetos prohibidos en cuestión de horas. Tampoco aparecen denuncias sobre privilegios para determinados internos de un día para otro, ni se pueden ocultar con un dedo los problemas hasta de la cocina y la alimentación de los internos, que solo un día antes de la intervención habrían estado almorzando salame de pollo con salsa de tomate y algo de fideo (se adjuntan registros fotográficos de lo que se está denunciando), cuando cada quincena la penitenciaría recibe víveres suficientes para una alimentación digna de sus presos. Son situaciones que, de confirmarse, se desarrollan con el tiempo y evidencian fallas de control, contubernio o “negocios” controlados que debieron ser detectados mucho antes.

La decisión de apartar al director constituye una medida administrativa importante, pero también abre un interrogante inevitable: ¿por qué la intervención llegó recién cuando la situación ya había adquirido semejante magnitud y por qué no afecta al entorno inmediato del director, cuyo accionar, como mínimo, también resulta más que cuestionable?

En cualquier estructura pública, la responsabilidad no termina en quien dirige un establecimiento. También corresponde analizar si existieron mecanismos eficaces de supervisión por parte de los niveles superiores y si las alertas fueron atendidas oportunamente o se ignoraron para dar paso a algo que muchas veces es un secreto a voces y muy lucrativo.

La ciudadanía merece conocer qué controles se realizaron durante la gestión, qué informes fueron elevados, qué observaciones existieron y qué decisiones se adoptaron antes de que la intervención se volviera inevitable.

Porque la verdadera discusión no es solamente quién, cómo y en qué circunstancias dejó el cargo, sino saber por qué el sistema de control de la administración penitenciaria no funcionó cuando debía funcionar y por qué reaccionó recién cuando el deterioro ya era imposible e insostenible de ocultar.

La transparencia exige respuestas documentadas, investigaciones independientes y responsabilidades determinadas conforme a las pruebas.

Solo así podrá recuperarse la confianza en una institución cuya misión principal es garantizar la seguridad, el cumplimiento de la ley y condiciones dignas dentro del sistema penitenciario.